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La deforestación en la amazonía peruana no es una problemática reciente. Existen tres hitos en la historia del Perú que exponen el inicio y desarrollo de esta problemática. En principio, en el año 1880, el Estado peruano trató de promover la inmigración europea cotizando los recursos naturales. Sin embargo, los resultados fueron exportaciones principalmente de caucho hacia U.S.A y Europa. Esta etapa es llamada “la fiebre del caucho”, la cual se basaba en la comercialización de la goma proveniente del árbol del caucho. Esta materia fue altamente demandada por ser producto prima en la fabricación de neumáticos. En consecuencia, aproximadamente 1’200.000 hectáreas de bosques naturales fueron destinadas para plantaciones (Servindi, 2012). En segundo lugar, el país experimentó depresión económica a mediados de 1914, debido a que las empresas de caucho asiáticas eran más convenientes financieramente para los inversionistas. Por lo tanto, la etapa agrícola en la selva se inició con el propósito de restaurar la economía peruana. No obstante, este hecho generó que gran parte de selva virgen fuera invadida y convertida en tierras de cultivo. Asimismo, en 1918 se empieza la explotación de maderas finas, tales como caoba y cedro, las cuales fueron exportadas hacia el mercado estadounidense de manera legal; no obstante, las empresas ilegales comercializaban mayor cantidad de maderas al interior del país. Finalmente, el periodo de integración de la selva peruana a la vida nacional e internacional requirió de dos eventos. Primero, la Carretera Marginal de la Selva fue construida, durante el gobierno del presidente Belaúnde Terry, con el objeto de ser una gran vía longitudinal Sur-Norte que uniera de Este a Oeste las carreteras de penetración existentes o previstas para impulsar las actividades agropecuarias y explotación forestal. Por consiguiente, se deforestó 615.375 hectáreas de bosque, de las cuales se utilizó 138.000 hectáreas (Caap,2017). Segundo, en 2007 se pactó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este acuerdo dinamiza la economía del país, puesto que optimiza la inversión extranjera en el Perú, pero causa explotación masiva de terrenos cafetaleros y de cacao en la selva.