Una solución efectiva es la legitimación de comunidades indígenas como guardianes de sus bosques, por parte del Estado. Esta medida se ha aplicado en diversas zonas de la selva a nivel mundial y local, tales como en el departamento de Ucayali. Los principales actores de esta práctica, son los nativos de los bosques, propietarios originales de éstas áreas. Por ejemplo, en Ucayali, las comunidades nativas eran las de Patria Nueva y Nuevo Saposa, ambas de la etnia shipiba-coniba. El éxito de esta medida antideforestadora consiste en la acreditación de defensores forestales nativos como guardabosques oficiales lo cual, estadísticamente, reduce la deforestación. Dichos pobladores ejercen actualmente la función de monitorear la selva de su localidad, cuya meta es acabar con la tala ilegal y los cultivos de coca ilícitos. Sin embargo, debido a la lejanía del Estado, la respuesta de las autoridades ante las amenazas no es inmediata. Por ello, la acreditación de estas comunidades les otorga la facultad de actuar, en tándem con los Gobiernos Regionales y la policía, y los derechos de requisar productos ilícitos que encuentren en su vigilancia. Además, los pobladores reciben capacitación en uso de tecnologías en situaciones de riesgo forestal.